EL DIA
UGT MEDIDAS LEGANES CONTRA LA NUEVA ORDENANZA DE TAXI
El sindicato anuncia que impugnará la norma
por la vía contencioso-administrativa y que se movilizará a las puertas
del Consistorio
Dos personas se suben a un taxi en una calle de Córdoba.
UGT Córdoba anunció ayer que va a impugnar la nueva ordenanza
del Taxi por la vía contencioso-administrativa, "debido a que vulnera
principios y leyes fundamentales". "A esta medida se le va a sumar una
denuncia por prevaricación en los tribunales", añadieron desde el
sindicato, puesto que UGT considera que existen indicios de que, "a
sabiendas de la ilegalidad de algunas de las medidas contempladas en la
ordenanza, se pretende perjudicar a trabajadores y colectivos
singulares". El sindicato anunció asimismo que ambas acciones van a
estar complementada "por concentraciones en el Ayuntamiento y diversas
instalaciones municipales hasta que el Consistorio no se comprometa a
cambiar dicha legislación".
Para UGT, la ordenanza atenta contra los trabajadores del taxi y contra el empleo. El sindicato insiste en que todo su articulado está orientado a penalizar, "en lugar de primar", a los autónomos que tienen contratado a un trabajador asalariado. "Les exige una autorización previa del Ayuntamiento, una regulación horaria fija -tanto al trabajador asalariado como al autónomo que lo tenga a su cargo-, y limita el horario de trabajo y descansos de las licencias con trabajador asalariado igual que las que no lo tienen a su cargo", relatan. Asimismo, denuncian que también exige dedicación plena y exclusiva a los trabajadores asalariados, "como si se tratasen de altos cargos de la administración, a cambio de salarios inferiores a mil euros, y se establece un régimen sancionador de desmedida dureza que hace recaer todas las responsabilidades sobre el trabajador asalariado, e imposibilita en la práctica de por vida el acceso de los trabajadores a nuevas licencias municipales de taxi".
Además, UGT Córdoba considera que se trata de una ordenanza que perjudica a la ciudadanía en general. "El Ayuntamiento prescinde de la consulta previa con organizaciones de usuarios, consumidores, asociaciones de vecinos y agentes sociales en materia de regulación de la oferta y demanda del servicio (y todas esas asociaciones se han mostrado en contra de la ordenanza)", recalcan, además de resaltar que "la nueva ley establece horarios, descansos y vacaciones sin contar con la parte interesada". También denuncian que la ordenanza castiga a los que viven en las barriadas que no son céntricas, "pues se permite que la bajada de bandera -1,50 ó 1,86 según tarifa- se pueda doblar en el caso de que el cliente llame desde una de ellas y el taxi haya de desplazarse hasta allí desde el centro, cuando es habitual que durante el horario de tarde y noche se acumulen precisamente los taxis por las paradas y calles más céntricas".
UGT concluye que no se trata de una ordenanza torpemente diseñada por los técnicos municipales de movilidad, "cuya cualificación y profesionalidad no está en entredicho", sino de la contrapartida política con la que el alcalde, José Antonio Nieto, premia al núcleo duro de la asociación Auttacor por el apoyo y los favores prestados durante la legislatura y en las sucesivas campañas electorales.
Para UGT, la ordenanza atenta contra los trabajadores del taxi y contra el empleo. El sindicato insiste en que todo su articulado está orientado a penalizar, "en lugar de primar", a los autónomos que tienen contratado a un trabajador asalariado. "Les exige una autorización previa del Ayuntamiento, una regulación horaria fija -tanto al trabajador asalariado como al autónomo que lo tenga a su cargo-, y limita el horario de trabajo y descansos de las licencias con trabajador asalariado igual que las que no lo tienen a su cargo", relatan. Asimismo, denuncian que también exige dedicación plena y exclusiva a los trabajadores asalariados, "como si se tratasen de altos cargos de la administración, a cambio de salarios inferiores a mil euros, y se establece un régimen sancionador de desmedida dureza que hace recaer todas las responsabilidades sobre el trabajador asalariado, e imposibilita en la práctica de por vida el acceso de los trabajadores a nuevas licencias municipales de taxi".
Además, UGT Córdoba considera que se trata de una ordenanza que perjudica a la ciudadanía en general. "El Ayuntamiento prescinde de la consulta previa con organizaciones de usuarios, consumidores, asociaciones de vecinos y agentes sociales en materia de regulación de la oferta y demanda del servicio (y todas esas asociaciones se han mostrado en contra de la ordenanza)", recalcan, además de resaltar que "la nueva ley establece horarios, descansos y vacaciones sin contar con la parte interesada". También denuncian que la ordenanza castiga a los que viven en las barriadas que no son céntricas, "pues se permite que la bajada de bandera -1,50 ó 1,86 según tarifa- se pueda doblar en el caso de que el cliente llame desde una de ellas y el taxi haya de desplazarse hasta allí desde el centro, cuando es habitual que durante el horario de tarde y noche se acumulen precisamente los taxis por las paradas y calles más céntricas".
UGT concluye que no se trata de una ordenanza torpemente diseñada por los técnicos municipales de movilidad, "cuya cualificación y profesionalidad no está en entredicho", sino de la contrapartida política con la que el alcalde, José Antonio Nieto, premia al núcleo duro de la asociación Auttacor por el apoyo y los favores prestados durante la legislatura y en las sucesivas campañas electorales.
